La entrada en vigor de los nuevos lineamientos para el registro obligatorio de líneas telefónicas móviles ha generado llamados a la cautela por posibles debilidades en la seguridad de las plataformas encargadas de recabar la información personal de los usuarios. La medida comenzó a aplicarse el 9 de enero en todo el país.
El esquema busca vincular cada número telefónico con una persona física o moral, mediante la asociación de la línea con la CURP y una identificación oficial, como parte de una estrategia para reducir delitos como la extorsión y el fraude cometidos desde números anónimos.
De acuerdo con especialistas en telecomunicaciones de la Universidad de Colima, el registro será realizado por las propias empresas de telefonía móvil, que deberán concentrar y resguardar los datos de sus clientes. El principal riesgo identificado no es la existencia del padrón, sino la forma en que actualmente se recopila, almacena y protege la información sensible.
La legislación mexicana obliga a las empresas a cumplir con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, que establece la aplicación de medidas técnicas, administrativas y físicas para evitar el uso indebido, pérdida o filtración de datos. Sin embargo, se ha señalado que varias plataformas presentan niveles básicos de seguridad y carecen de mecanismos robustos de cifrado y validación de identidad.
Además de la posibilidad de filtraciones, se advierte el riesgo de suplantación de identidad y la falta de claridad sobre el destino final de la información en caso de incidentes de seguridad. Experiencias previas con padrones similares, impulsados desde 2021, muestran resultados irregulares, lo que ha reavivado el debate sobre si los beneficios del registro superan los riesgos asociados a la protección de datos personales.
